El Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo aprobó 10 plazas como Oferta de Empleo Público para Educación en Ceuta y Melilla en 2010. Esta ínfima cantidad se justifica en los criterios de austeridad que ha aprobado el Gobierno como medida de contención del gasto público. No podemos olvidar que este criterio de ahorro figura entre otros importantes objetivos que contiene el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social para el periodo 2010-2012 firmado en la Moncloa el pasado 24 de septiembre, apoyado por CSI·F.
Pero dicho acuerdo también establece en el punto 34 el compromiso de los firmantes para establecer las pautas a seguir para la convocatoria de la oferta de empleo público para las plazas que dependen directamente de la Administración del Gobierno Central. Estas pautas pasan por asumir la posible limitación en la reposición de personal pero quedando exentos de estas restricciones “Los servicios esenciales para la ciudadanía: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Local, Servicios Sanitarios, Educativos, de Emergencias y de prevención…”
Por todo ello, no podemos entender que el Gobierno Central haya apartado un acuerdo que él mismo ha firmado con la OEP de 10 plazas para Ceuta y Melilla. Tampoco entendemos que desde el Ministerio de Educación no se haya tenido más sensibilidad para con los únicos territorios españoles que administra directamente teniendo en cuenta que:
1. Todas las Comunidades Autónomas han respetado el acuerdo (que no firmaron) y han excluido de las restricciones de la oferta la destinada a Educación.
2. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan las más altas tasas de interinidades del Estado, situándose en este momento en torno al 30%.
3. Hay que aclarar que no estamos pidiendo plazas de nueva creación, sino ocupar las vacantes ya existentes y consolidadas por funcionarios de carrera con el fin de convertir el empleo precario en empleo de calidad y remunerado de acuerdo a las necesidades de las plantillas de los centros.
4. Con esta decisión va a crecer todavía más el empleo precario y, consecuentemente, las intolerables cifras de interinidades que a nadie benefician, ni a los alumnos, ni a los padres, ni a la Administración ni al sistema
educativo.
Se ha perdido una vez más la ocasión del Ministerio para que su gestión sirva de ejemplo al resto de Comunidades Autónomas, algo que hasta ahora sugeríamos pero que los hechos nos obligan a rectificar dado que los hechos nos indican el poco apoyo que están teniendo estos territorios desde el lejano Ministerio de Educación. Recordamos que, además del asunto que hoy nos ocupa, otros indicadores como fracaso escolar, ratios y condiciones laborales del profesorado también indican el mismo estado de necesidades de mejora.
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